

El trabajo en cantidad y calidad es esencial y complementario de las otras políticas sociales. El trabajo es un bien económico pero antes que nada es un bien social.
La dignidad de la persona y la unión de la familia no son ajenas al trabajo decente. Por eso es necesario proteger los derechos adquiridos de los trabajadores y crear las condiciones para que aquellos que no tienen derechos por estar en la informalidad o lisa y llanamente desocupados, alcancen lo que hoy no tienen.
El crecieminto del empleo en cantidad y calidad requiere una economía en crecimiento y legislación moderna, flexible, estable y que pueda ser aplicable por las empresas, en especial las Pymes, que son las principales creadoras de puestos de trabajo.
Las leyes no sólo pueden ser perfectas en el papel y tan exigentes que maten al empleo en blanco.
Cualquier empleo voluntario es mejor que ningún empleo. Cualquier empleo formal es mejor que el que surge de la informalidad y la ilegalidad.
Hay que transitar un camino intermedio entre las leyes que destruyen derechos de los trabajadores y las leyes que destruyen el empleo por desalentar a los emprendedores, sobre todo en las Pymes.
Ninguna legislación anclada en intereses sectoriales o personales puede obligarnos a una ruptura entre los trabajadores sindicalizados y en blanco y los desempleados o los trabajadores en negro, carentes de derechos.
La formación profesional, cuya responsabilidad recae en las empresas, particularmente las de mayor tamaño, es prioritaria y tiene que además de ser un derecho, convertirse en una formidable palanca de creación de empleo de calidad.