

Las políticas económicas equivocadas y las crisis que golpearon a la sociedad argentina en los últimos treinta años desgarraron el tejido social y condenaron a millones de compatriotas a una situación de pobreza y la exclusión. Esa transformación social regresiva que vivió el país generó las condiciones propicias para el aumento de la conflictitividad, la violencia y el delito.
El incremento en los índices de criminalidad es un dato objetivo e irrefutable que muestra un pronunciado deterioro de la seguridad ciudadana del país. En adición a la mayor actividad criminal, un incremento en el grado de la violencia en los delitos mas graves contra el patrimonio y las personas ha generalizado el temor a ser víctima de un crimen violento. Esa percepción afecta también en el plano de la subjetividad de calidad de vida de millones de argentinos y particularmente de los argentinos más pobres.
El creciente descontento de la sociedad ha trasladado nuevas demandas sobre el poder político y sobre las fuerzas de seguridad. Los poderes del estado han ensayado una respuesta a esa demanda ciudadana con la promulgación de una cantidad de acciones de política cuyo objetivo ha sido, fundamentalmente, el endurecimiento de la legislación penal, la expansión de los sistemas penitenciarios y el incremento de la cantidad de encarcelamientos.
Una respuesta incompleta y sesgada hacia la faz represiva o de control en desmedro de otros aspectos centrales como la prevención que merecen una mayor atención. Por ejemplo, es necesario abordar cuatro áreas específicas que hacen a la función de prevención y a la función del control del delito:
El rol de la policía y las fuerzas de seguridad,
La prevención de la delincuencia pretende actuar sobre las causas del crimen, la violencia y el temor. A continuación algunas líneas de acción para evitar el ingreso de las personas en la carrera delictiva:
