Educación

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Argentina supo ser un país en el cual la posibilidad de ascenso social estaba abierta a todos los ciudadanos. Esa movilidad social se apoyaba en un sistema de educación pública que por ambición, alcance y calidad fue referencia obligada en América Latina.

El proceso de concentración, exclusión y empobrecimiento que afectó a millones de argentinos en las últimas tres décadas de nuestra historia tuvo como correlato la fragmentación y la creciente inequidad de la inversión en educación.

Se consolidó un modelo social y educativo en el cual padres pobres crían chicos pobres que asisten a escuelas pobres, conformando un proceso circular que reproduce y perpetúa la pobreza.

Los estudiantes que pertenecen al 20% del país reciben una educación comparable con el promedio de un país desarrollado, mientras que los argentinos pobres reciben una educación con deficiencias equivalentes o mayores a otros países de la región.

Por efecto de la organización federal del país, esta disparidad también tiene un correlato geográfico en el territorio argentino. El 60% de los niños del país forman parte del 40% de la población pobre y se estima que 8 de cada 10 jóvenes pobres no termina los estudios secundarios. Las causas del bajo desempeño son varias:

Los mayores recursos invertidos en el segmento de colegios privados.
La existencia de un esquema de prioridades invertidas que hace que las escuelas públicas en los lugares ricos tengan hasta 40% más de capital físico que las escuelas pobres. Debería ser al revés.
La carencia de un ambiente estimulante para el estudio, falencias nutricionales y enfermedades contraídas en la etapa prenatal o en el período de lactancia. Estos factores inciden en el proceso de maduración cerebral.

Si los padres no pueden alimentar y educar a sus hijos, los resultados de la mayor inversión en educación pública serán sub-óptimos. En consecuencia, para nivelar las oportunidades iniciales de los niños argentinos no sólo es necesaria una mayor inversión en la escuela pública, sino también promover una mayor concentración de recursos humanos y materiales en las escuelas a las que asisten los niños más pobres.

OBJETIVOS
Hay una nueva ley federal de educación que no debería quedar solo en el anuncio o en la sanción de la misma, sino que debe servir para implementar objetivos concretos y cuantificables:

Que se cumplan los 180 días de clase que marca la ley 25.864.
Que la doble escolaridad primaria y secundaria sea una realidad en las escuelas de zonas pobres.
Que las escuelas estén abiertas los sábados y domingos en los lugares de mayor marginación.
La evaluación anual y publicación integral de los resultados a nivel desagregado, por escuela.
Una fuerte ampliación y extensión del PIIE a todas las escuelas pobres del país y la multiplicación de su presupuesto.
La reducción de los excesivos gastos administrativos del sistema educativo argentino.
La formación, capacitación y evaluación periódica de los docentes.
La asignación universal por hijo a los hogares pobres pero condicionada a la presentación del certificado escolar entre los 4 y 18 años.
Un examen general de graduación al terminar los estudio secundarios.
Mayores retribuciones para los mejores maestros y para los maestros de escuelas pobres o ubicadas en áreas urbanas marginales.
Premios de excelencia al mejor maestro en cada escuela.
Programa amplio de becas para que jóvenes pobres accedan a la educación terciaria.
Un fuerte estímulo a las escuelas técnicas.

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