• Priorizar las acciones necesarias para eliminar la pobreza extrema en el lapso de cuatro años. El programa incluye la construcción de 1,650,000 viviendas sociales, el financiamiento de la jornada completa en las escuelas de zonas urbanas pobres, un seguro social universal para los hogares pobres que envían los chicos al colegio, entre otras medidas.
• Trazar un mapa del delito para identificar modalidades, lugares y horarios donde se deberá concentrar recursos para aumentar la vigilancia del espacio público. Cada peso invertido en prevención del delito evita tener que multiplicar esa inversión en persecución y castigo.
• Promover una reforma administrativa en todas las jurisdicciones para aumentar  la cantidad de personal policial en las calles en tareas de prevención del delito.
• Disponer la destrucción inmediata de armas incautadas o en desuso ¹.
• Auxiliar a las provincias con financiamiento para la adquisición de patrulleros y elementos de seguridad.
• Promover la descentralización de la función de seguridad para dar a consejos vecinales, esto es a los vecinos, poder de decisión en la elección y la continuidad de los comisarios.    
• Promover la creación de juzgados y fiscalías especializados para concentrar los recursos, aumentar la probabilidad del castigo y reducir los tiempos procesales para los delitos graves: homicidio, secuestro, robo con armas, violación y abuso sexual.
• Crear una policía de elite abocada a los delitos federales con presencia real y efectiva en todo el territorio nacional para combatir delitos complejos como el tráfico de drogas, la trata de personas, etc. Esta policía deberá tener presencia efectiva en el territorio, cosa que no ocurre hoy, para efectuar inteligencia criminal y prevenir la comisión de delitos. El nuevo modelo de fuerza de seguridad incluirá mayores remuneraciones, exigencias de mayor profesionalización y equipamiento nuevo.
• Crear un registro de violadores, un banco de ADN y un régimen de seguimiento y control por parte del Patronato de Liberados. No para estigmatizar a victimarios sino para proteger a la sociedad de un delito que muestra una altísima tasa de reincidencia.
• Poner en funcionamiento el Consejo de Seguridad Interior que preside el Ministro de Interior y reúne a la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y las policías provinciales. Este Consejo que tiene, entre otras funciones, la tarea de coordinar acciones de la justicia, los servicios penitenciarios y las fuerzas de seguridad, nunca se reunió durante la actual administración. 
• Crear un Consejo Nacional de Prevención del Delito, integrado por los tres poderes del estado, organizaciones no gubernamentales, universidades y otros actores de la sociedad civil con el objeto de coordinar acciones y políticas de prevención.
•  Estructurar un sistema de inteligencia criminal de alcance nacional para prevenir el delito tal cual está contemplado en la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia pero que, sin embargo, hoy no está operativo.
• Impedir la cohabitacion de victimas y victimarios en los institutos de menores.
• Reformular un sistema carcelario desbordado. Hoy alberga una población carcelaria que excede su capacidad en más de 20%. Cuatro de cada diez cárceles tiene más de 50 años es decir ha excedido el tiempo de vida útil de una unidad penitenciaria.

1) El compromiso incluye otras medidas que constan en el petitorio firmado junto a otros ciudadanos en Belgrano, Ciudad de Buenos AIres el 5/7/07. Dicho petitorio incluye:
1. Una partida presupuestaria a nivel nacional para el Registro Nacional de Armas (RENAR), que le permita diseñar y ejecutar una estrategia de control seria y sostenida en el tiempo.
2. Que el RENAR tenga su propio cuerpo de psicólogos para garantizar criterios comunes de evaluación para el otorgamiento de credenciales. Dichos criterios de evaluación psicológica deben aplicarse a todos los poseedores y/o portadores tanto, de armas civiles como de armas oficiales.
3. Control estricto de la comercialización e importación, impidiendo el flujo de armas al mercado ilegal.
4. Persecución del comercio ilegal, el contrabando y el tráfico de armas.
5. Compromiso del Poder Judicial y de todas las provincias para la destrucción de todas las armas decomisadas que duermen durante años en los depósitos judiciales, aumentando las posibilidades de desvíos o pérdidas y posibilitando su retorno a manos de la delincuencia.