Presidente Lavagna
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Presentado en Escobar,
el 13 de Octubre de 2007


Diagnóstico. En nuestro país coexisten zonas con perfiles sanitarios parecidos a los países mas desarrollados con otras cuya población presenta características epidemiológicas propias de situaciones de marcado atraso y pobreza (vg. alta prevalencia de desnutrición y enfermedades infecciosas, patologías endémicas como la enfermedad de Chagas, altas tasas de mortalidad materno-infantil, analfabetismo y embarazo adolescente, etc).

El sistema es altamente inequitativo ya que el riesgo de enfermar o morir y las posibilidades de acceso dependen del lugar donde se viva o trabaje y del sector social al cual se pertenezca. Se trata de un sistema fragmentado geográfica y financieramente diseñado para la realidad de un país que hace 40 años tenía al 70% de la población con trabajo formal y cobertura social. En los últimos treinta años la caída del empleo formal y la ineficiencia administrativa de obras sociales nacionales y provinciales condujeron a la crisis del sistema y a la crisis de los propios agentes de salud que acumularon monumentales deudas con sus prestadores y con el fisco.

La crisis produjo un significativo aumento de la demanda en él sector público. Tanto los hospitales públicos como los centros de atención ambulatoria, con crónicos problemas de financiamiento y gerenciamiento, presentan un grado significativo deterioro. El altísimo nivel de gasto directo de bolsillo -considerado el más inequitativo, ya que afecta en mayor medida a los que menos tienen- se relaciona directamente con esta realidad.

Respuesta.  La salud  es un derecho social cuyo goce resulta imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía y, en consecuencia, es una  de las responsabilidades fundamentales del Estado. En otras palabras, el acceso a  servicios de salud adecuados no puede quedar librado a la dispar capacidad individual de las personas para procurarlos por sus propios medios.

Esta concepción de derechos sobre el tema salud requiere de la intervención eficaz del Estado para garantizar:

i)          acceso universal a los servicios de salud;
ii)         igual utilización de recursos públicos para necesidades iguales;
iii)        acceso a la salud en calidad y condiciones semejantes para todos.

El Plan Lavagna prevé:

  • Un Plan nacional de fortalecimiento y recuperación del sector  público de la salud, con auxilio del estado nacional a las jurisdicciones provinciales y financiamiento compartido.
  • Planificar redes de atención basados en el modelo de atención primaria con fuerte énfasis en acciones de promoción y prevención, y con población definida a cargo. De esta manera, el primer nivel de atención con unidades de complejidad diferencial sale del hospital de referencia.
  • Construir o remodelar, en el lapso de cuatro años, 10/15 hospitales de excelencia en el gran Buenos Aires y el interior del país de gestión descentralizada siguiendo el modelo SAMIC (caso Garrahan) integrados a una red de centros de atención primaria. Tendrán autonomía administrativa, cargos concursados y financiamiento compartido entre nación y provincias.
  • Implementar por intermedio de la Superintendencia de Salud y el sistema de obras sociales nacionales (incluido el PAMI) un programa de asistentes terapéuticos a domicilio, especialmente para la tercera edad y que permita mejorar la calidad de la atención especialmente de pacientes con enfermedades crónicas.
  • Reformular el sistema de obras sociales nacionales y de la Superintendencia de Servicios de Salud con el objetivo de transformarla en un eficaz organismo de control. El objetivo final es lograr que más fondos lleguen a los beneficiarios a través de mejoras en la transparencia y la eficiencia, lo que permitirá implementar más y mejores programas.
  • Promover escenarios de vinculación entre las Obras Sociales provinciales, las Obras Sociales Nacionales y el sector privado con vistas a su integración al sistema del seguro de salud. Con esa finalidad, promoveremos la organización a nivel de las provincias de un seguro para la población sin cobertura.
  • Cambiar el modelo de atención, reglamentando programas de prevención primaria y secundaria, de acuerdo a la medicina basada en evidencias y de aplicación obligatoria para todos los agentes del sistema (especialmente en el PAMI) enfocados en las patologías prevalentes especialmente enfermedades cardiovasculares y cáncer.
  • Elaborar una nueva Ley Nacional de Medicamentos, basada en el concepto de la protección al consumidor, aplicando criterios uniformes en todo el país, en materia de aprobación, importación, fabricación, distribución, prescripción y dispensación de fármacos. Esta ley requerirá  que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (A.N.M.A.T.) recupere su rol y su capacidad física, técnica, normativa y de recursos humanos para fiscalizar y controlar en forma directa o a través de acciones coordinadas con las provincias todos los productos que hacen a la salud humana.
  • Promoveremos una Ley para regular las Entidades de Medicina Prepaga.
  • Diseñar una política de Recursos Humanos en el sector Salud que incentive la formación de profesionales, enfermería y técnicos en línea con los objetivos planteados anteriormente: fortalecimiento del sector público y de redes de atención primaria, programas de prevención de las patologías prevalentes, programas de atención domiciliaria para pacientes geriátricos y discapacitados, etc.
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