Seguimos presentando nuestros planes de gobierno y lo hacemos desde distintos lugares del país como una manera de honrar nuestra raíz federal. Lanzamos la fórmula presidencial en un abrazo simbólico al país desde Tilcara a Ushuaia. Hace un mes presentamos el plan de empleo-pyme desde Mendoza porque esa provincia simboliza el poder de la mano transformadora del hombre, fuimos a Córdoba y lanzamos el plan de seguridad cerca de áreas marginales como Villa Cornú que ponen en evidencia como la inseguridad afecta y desprotege principalmente a los más pobres. Lanzamos el plan de educación el día que visitamos tres escuelas de Villa Fiorito porque el eje de nuestra propuesta educativa es la inversión en las escuelas de áreas marginales.

Hoy elegimos Plaza Lavalle en Tribunales frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para lanzar el plan República porque Argentina necesita recuperar el equilibrio institucional amenazado por el avance avasallador del poder presidencial. También como homenaje a los jueces y fiscales de la República que hacen su trabajo con dignidad más allá de las presiones y las ofertas de cargos. También elegimos el formato de una charla con jóvenes como un símbolo de la renovación política a la que aspiramos. 

Diagnóstico.   El desarrollo social requiere instituciones sólidas. En ese sentido, es necesario revertir el proceso de degradación institucional que se percibe en Argentina al confrontar el ideal democrático, republicano y federal consagrado en la Constitución Nacional con la realidad de un sistema presidencialista que avanza vertiginosamente sobre los otros poderes y que avasalla a las jurisdicciones provinciales.

Los superpoderes para disponer reasignaciones presupuestarias, el control oficial del Consejo de la Magistratura, las reelecciones indefinidas en provincias y municipios, los fondos fiduciarios que generan corrupción, la manipulación de encuestas y de los índices del INDEC y el uso clientelístico de la pobreza y la marginación son, quizá, los casos más notorios de un cuadro delicado. 

El hiperpresidencialismo fuerza al Congreso de la Nación a resignar atribuciones irrenunciables con el uso abusivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia, la existencia de superpoderes presupuestarios y el abuso de las “leyes de emergencia”. También esa hipertrofia del Poder Ejecutivo lleva a la politización del Poder Judicial.

Los pesos y contrapesos que define sabiamente la Constitución Nacional y que hace a la esencia de la forma republicana de gobierno, hoy están desequilibrados por la ambición hegemónica del poder político. El avance del Poder Ejecutivo también dificulta el control de gestión que cabe a la propia ciudadanía con auxilio de una prensa libre por el proceso de debilitamiento de los organismos de control, las dificultades en el acceso a la información sobre los actos del gobierno y el uso discrecional de la publicidad oficial.     

Tenemos un régimen plebiscitario y un Presidente que ha decidido desdeñar toda intermediación con la ciudadanía; una democracia institucionalmente desequilibrada porque el Poder Ejecutivo avanza sobre las atribuciones de los otros poderes y un estado ineficaz porque la administración pública ha perdido racionalidad, capacidad técnica y es administrada según los caprichos o las necesidades políticas del primer mandatario.

Respuesta.  Nuestro plan REPÚBLICA se afirma sobre los siguientes principios que hacen a los equilibrios previstos en la propia Constitución Nacional:

• El respeto por la división de poderes en un sistema de frenos y contrapesos.
• La renovación y alternancia en el ejercicio de los cargos electivos.
• La transparencia y publicidad de los actos de gobierno.
• La protección de las libertades fundamentales de los ciudadanos.
• La libre expresión y la libertad de prensa.
• La libre organización y actuación de los partidos políticos.

Parte de la tarea de reconstrucción institucional es sencilla porque se trata de revertir medidas desafortunadas que el gobierno nacional tomó después de las elecciones de 2005 y eso requiere simplemente decisión política. En ese sentido, el día uno de gobierno se impulsará:

• La derogación de la reforma al régimen del Consejo de la Magistratura que dio al Poder Ejecutivo el control del proceso de nombramiento y remoción de jueces.
• La eliminación de los superpoderes presupuestarios que le permiten al Presidente disponer del presupuesto votado por el Congreso a su antojo y la derogación de las leyes de emergencia.
• Reintegrar a los funcionarios del INDEC indebidamente desplazados de sus cargos y elegir los cargos vacantes por concurso. Darle autonomía respecto al poder político y restablecer el apego del organismo a las metodologías estadísticas aceptadas internacionalmente. Proceder de la misma manera para revertir el copamiento político de órganos técnicos como la Comisión de Defensa de la Competencia, el ONCCA, la SIGEN, la Oficina Anticorrupción,  etc.
• La derogación de la ley que dio al Presidente el poder de nombrar y remover a la cabeza de la Unidad que se ocupa del control de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo (la UIF) y establecer un régimen de control colegiado.
• El dictado de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, tal como lo prevé la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución reformada en 1994, imbuida de un criterio pragmático y solidario que transfiera de modo automático una mayor participación de los recursos tributarios incrementales a las provincias.
• Modificaciones en la reglamentación del control parlamentario de los Decretos de Necesidad y Urgencia que hoy es desvirtuado por la sanción ficta de los DNUs.

No hay mejor incentivo que la publicidad y la transparencia de los actos de gobierno para evitar desvíos, corrupción o mal desempeño en la gestión de gobierno a nivel municipal, provincial y nacional. Para ello, el Plan Lavagna prevé:

• Impulsar una ley de acceso a la información pública que garantice transparencia de los actos de gobierno, la rendición de cuentas a la sociedad e incluya la obligación en cabeza del Presidente y sus ministros de dar un mínimo de cuatro  conferencias de prensa al año.  
• Impulsar una reforma política que contemple el voto electrónico, la eliminación de listas sábanas, las tachaduras en las listas y otros aspectos de la agenda de reforma política para aumentar la participación de la ciudadanía y perfeccionar el funcionamiento de la democracia de partidos.
• Impulsar el dictado de una ley que limite con precisión el uso de la publicidad oficial y determine su distribución equitativa sujeta  a reglas objetivas en los diferentes medios masivos de comunicación, incluyendo diarios y otras publicaciones, radios y televisión.  
• Eliminar los fondos fiduciarios que detraen recursos del presupuesto ordinario, escapan a los controles y facilitan los actos de corrupción.
• Otorgar a la minoría en el Congreso facultades para hacer concurrir a los Ministros, evitando el bloqueo sistemático de la mayoría.
• Aumentar la participación de la oposición en los organismos de control.
• Exigir la selección por concurso público de los auditores internos en las distintas reparticiones públicas.

Donde la crisis institucional se hace visible a todos es en el estado de aquellas instituciones que inciden en la vida cotidiana de los argentinos. El hospital, la escuela, la policía, los tribunales de justicia y los gobiernos municipales son objeto de críticas a diario.

En el mal funcionamiento de las instituciones que forman el frente de contacto con la sociedad juega un papel central el déficit de gestión, más que la falta de recursos. Para atender esta situación el plan Lavagna prevé una revolución administrativa basada no en nuevas reformas a la ley de Ministerios sino en la gestión. Es imperativo hacer cumplir la norma constitucional sobre la idoneidad del funcionario público y evitar el clientelismo y el nepotismo hoy tan extendido. Por ejemplo, el Ministerio que atiende los temas sociales dejará de ser cosa de familiares o de amigos del Presidente de turno.

En gran medida el descrédito de los partidos políticos y la falta de renovación política en Argentina se explica por la ambición hegemónica de poder. Dirigentes que quieren quedarse en su silla y a cualquier costo. Como hice público el 9 de agosto al presentar los compromisos de los 100 primeros días de gobierno mi plan es un plan de gobierno de cuatro años. Para dejarle a mi sucesor en 2011 –que, con certeza, no será de apellido Lavagna- un país más próspero y equilibrado que el que recibiré en Diciembre.