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100 primeros días

Implementar un programa nacional de vivienda social para construir 1,650,000 viviendas en cuatro años lo que permitirá reducir a un tercio el déficit de vivienda en Argentina. Para ello se destinará una inversión de 2 puntos y medio del PIB al año.
Implementar un programa nacional para financiar la jornada completa en todas las escuelas de zonas urbanas pobres del país (alrededor de 5,800 escuelas); las escuelas abiertas sábados y domingos e incentivos para llevar los mejores maestros a las escuelas pobres. En la Argentina, el 94% de los alumnos asisten a escuelas de jornada simple de 4hs, mientras que en países como Perú, Costa Rica, Bolivia o Guatemala los alumnos tienen jornada de seis horas.
Implementar un programa nacional para incorporar, en el lapso de cuatro años, 10-15 hospitales de excelencia en el gran Buenos Aires y el interior del país siguiendo el modelo SAMIC (caso Garraham) integrados a una red de centros de atención primaria. Con autonomía administrativa, cargos concursados y financiamiento compartido entre nación y provincias.
Implementar por intermedio de la Superintendencia de Salud y el sistema de obras sociales nacionales (incluido el PAMI) un programa de asistentes terapéuticos a domicilio, especialmente para la tercera edad, que permita mejorar la calidad de la atención y optimizar la utilización de las camas de hospitales.
Impulsar un impuesto que grave las ganancias de capital generadas en las transacciones financieras de corto plazo y las resultantes del ingreso de capitales especulativos que no creen empleo o permitan incrementar la producción.
Reducir a la mitad el IVA para los alimentos básicos.
Implementar un programa de seguro social universal que beneficie a todos los hogares pobres y que sea condicionado a la presentación del certificado escolar y de salud de los chicos en los hogares pobres. Este programa reemplazará al Programa de Jefes y Jefas y otros programas de transferencia de ingreso diseñados para la emergencia.
Impulsar una tarifa social para servicios públicos esenciales. La aprobación de este proyecto permitirá eliminar el esquema de subsidios cruzados al sector privado en sectores como la energía y el transporte. Estos subsidios no son transparentes, no benefician a los sectores postergados y no contemplan compromisos de inversión o mejoras en la calidad del servicio.
Separar los recursos de ANSESS y PAMI de las cuentas de ingresos y egresos del presupuesto general para garantizar que esos recursos sean usados exclusivamente para las jubilaciones y los servicios sociales a jubilados, excluyendo otros usos posibles.
Crear cuentas de capitalización individuales e intangibles para los aportantes al régimen jubilatorio que han decidido pasarse al sistema de jubilación estatal.
Reglamentar la ley de aguas, la ley de gestión de residuos domiciliarios y la ley de gestión de residuos industriales entre otras normas que han sido aprobadas por el Congreso pero no son operativas por falta de reglamentación de parte del Poder Ejecutivo. Es imprescindible contar con criterios mínimos uniformes de protección nacional, consensuados con las provincias, a fin de asegurar un umbral seguro de salud y calidad de vida de las poblaciones en todo el país.

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