Presentado en Iguazú,
el 13 de Septiembre de 2007

Diagnóstico. Los mayores problemas ambientales de la Argentina actual tienen el mismo diagnóstico.  La falta de capacidad en la gestión, así como la superposición de competencias y jurisdicciones en el manejo de recursos compartidos son los principales obstáculos para una correcta gestión ambiental.  Por ello es elemental la armonización jurídica a nivel nacional para establecer estándares mínimos de protección, así como mejorar la capacidad de gestión y el compromiso político. No tenemos problemas ambientales irresolubles. Hay signos alentadores que llegan desde distintos lugares del país en el sentido de una conciencia ambiental creciente en el pueblo argentino. Sin embargo, las autoridades nacionales no han tomado el tema con seriedad. Como demuestra el desarrollo del conflicto por las pasteras en el río Uruguay, el tema ambiental ocupa a los funcionarios políticos sólo una vez que estalla una crisis y llega a la tapa de los diarios. Peor aún, se elige a una funcionaria a la cabeza de la  Secretaría de Ambiente no por sus méritos sino porque es instrumental para el manejo electoralista de un problema generado con irresponsabilidad.

El crecimiento económico debe ir acompañado de políticas que aseguren un uso sustentable de los recursos naturales y el ambiente para poder satisfacer las necesidades de los argentinos tanto como de las futuras generaciones de argentinos.

Uno de los mayores problemas hoy es la falta de ordenamiento territorial, la cual, por ejemplo, permite el avance de la frontera agropecuaria a costa  del bosque nativo. En los últimos 17 años se han perdido más de cinco millones de hectáreas de bosque nativo y se han incrementado significativamente las áreas erosionadas. Este hecho, sumado al fenómeno del cambio climático que genera una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos, tales como inundaciones, tornados, etc. pone de manifiesto la necesidad de contar con un ordenamiento territorial racional y con visión de futuro.

En un estado federal como el nuestro, la Constitución delega en la Nación y en las Provincias potestades concurrentes para asegurar el establecimiento de presupuestos mínimos de protección ambiental que deben ser armónicos en todo el territorio nacional. No se puede admitir que haya ciudadanos con servicios del primer mundo mientras otros se envenenan con agua contaminada por material orgánico o metales pesados.

Otro de los problemas puntuales más graves se refiere a la gestión de residuos urbanos, industriales y agrícolas, así como los provenientes de la minería, los cuales comienzan contaminando suelos y atmósfera y luego se conjugan en los ríos y aguas subterráneas afectando a la salud pública. La falta de un tratamiento integral de residuos genera también costos relacionados con la pérdida de valor de las tierras aledañas y de potencial pesquero, turístico y de esparcimiento. Asimismo, genera serios problemas de salud especialmente sobre las poblaciones más carenciadas, quienes son las principales afectadas por la contaminación porque conviven en distintas partes de nuestro país con aguas servidas y basurales a cielo abierto.

Respuesta.  La variable ambiental es en realidad un desafío y no un problema. Por eso, el logro de un proceso de crecimiento respetuoso del entorno y con equidad no debiera ser presentado a la sociedad como un problema o una traba al crecimiento sino como una fuente de oportunidades y un desafío para la gestión pública. La clave está en explorar caminos posibles para hacer frente a los desafíos ambientales de este siglo, enfatizando la posibilidad de una gestión inteligente, integral y racional que transforme tales desafíos en multiplicadores del bienestar y la calidad de vida de la población.

Nuestro plan de AMBIENTE se afirma sobre los siguientes principios:

 

En función de estos principios rectores, el Plan Lavagna prevé: